SANTO DOMINGO.-Defender a personas vinculadas en presuntos actos de corrupción, es una labor atractiva para los profesionales del derecho porque estos suelen pagar sumas millonarias a sus defensores.
Desde finales de noviembre del año 2020 el Ministerio Público ha desencadenado una persecución contra malversación de fondos públicos que ha sido de mala suerte para los implicados.
Sin embargo, estos han sido de bendición para los abogados que han tenido la buenaventura de destacarse y tener hasta tres clientes en los diferentes casos que se llevan en los tribunales.
Los abogados que defienden a estas personas encartadas en este tipo penal, nunca revelan el monto ganado por la prestación de sus servicios.
Juristas consultados al respecto admiten que el pago de sus honorarios es “mucho”, comparado con la representación legal que ofrecerían a gente acusada de cometer otros delitos penales.
Uno de los abogados consultados y que rehusó identificarse sostuvo que el problema es que los corruptos suelen tener mucho dinero para pagarse los mejores gabinetes de abogados.
Sostuvo que estos además de tener muchos recursos económicos, conocen perfectamente cómo usar todas las triquiñuelas y fallos en la Ley para conseguir los mejores resultados para su cliente, así como también todas las artimañas jurídicas que permiten alargar eternamente la resolución definitiva en una sentencia firme.
En los sonados casos de corrupción como Antipulpo, Medusa, Calamar, Coral y Coral 5G, Operación 13, muchas veces se repiten los nombres de los abogados que dan calidad por estos imputados, incluyendo de reconocidas firmas.
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En esta lista figuran algunos juristas que representan al Estado Dominicano, en la Recuperación del Patrimonio Público.
Entre los abogados que asumen la defensa de estos casos se encuentran Carlos Salcedos, Carlos Olivares, Carlos Balcácer, Félix Portes, José Miguel Minier, Laura Acosta, Luis Rivas, Emery Rodríguez, Santiago Rodríguez, Eduardo Núñez.
Ingrid Hidalgo, Wendy Lora, Jorge Lora Castillo, Manuel Rodríguez, Francisco Álvarez, Romel Jiménez, Cristian Martínez, Evelyn Torres, Nassef Perdomo, entre otros.
LA PREVARICACIÓN
En la práctica los funcionarios y empleados públicos así como los particulares en las infracciones en que más se ven involucrados son: la prevaricación, el desfalco y el soborno o cohecho.
Sin embargo, existe un conjunto de actos que constituyen infracciones a la ley penal caracterizados como delitos que atentan contra la cosa pública y cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Además del análisis de las infracciones precedentemente indicadas, resaltaremos otros actos sancionados por nuestro Código Penal que igualmente son cometidos por funcionarios o empleados públicos y atentan contra la cosa pública.
La corrupción es un fenómeno político, social y económico de carácter mundial que la opinión pública percibe como el enriquecimiento ilícito utilizando los recursos del Estado y el abuso del Poder.
