NACIONALES

Aplazan coerción caso Calamar en medio de manifestaciones

Santo Domingo.-Militantes del PLD, periodistas y vehículos resultaron afectados por incidentes con bombas lanzadas por PN

La jueza Kenya Romero, coordinadora del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este miércoles 29, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de medida de coerción a los 20 imputados en el denominado caso Calamar.

Mientras esto acontecía, a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en donde se conocía el destino de los acusados, se manifestaban decenas de dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) así como personas que decían pertenecer al movimiento Marcha Verde.

A unos 200 metros, en la Casa Nacional del PLD, tras ser concluida una rueda de prensa, militantes de ese partido decidieron marchar hacia el órgano de justicia, siendo repelidos por agentes antimotines de la Policía Nacional mediante bombas lacrimógenas al igual que quienes protestaban a las afueras del edificio en Ciudad Nueva.

El conocimiento de la medida de coerción a Gonzalo Castillo, excandidato a la Presidencia por el partido morado, y demás señalados en el caso, que estaba pautado para ayer a las 9:00 de la mañana, fue pospuesto porque en medio de la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado presentaron dos querellas adicionales depositadas con anterioridad ante el Ministerio Público con sus elementos de prueba.

La magistrada Romero escuchó a todas las partes procesales, quienes expusieron que era necesario mover la fecha a fin de resguardar el derecho de defensa de los imputados y verificar esos elementos adicionales presentados por las personas a las cuales van dirigidas esas nuevas piezas.

Esta fue la segunda ocasión en que aplazan la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público; la primera fue el pasado martes. El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva para los acusados.
A su salida de la audiencia, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que “la estructura de corrupción” afectó tanto intereses públicos como privados, por lo que “los intereses privados se han acercado al Tribunal con la intención de ser parte del proceso”.

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