OPINIONES

La pesada lucha anticorrupción

Uno de los ejes resaltantes de la agenda del cambio fue su compromiso de combatir la corrupción, como parte del componente del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Al principio de la presente gestión de gobierno y luego de decidida la línea de auspiciar un Ministerio Público independiente, éste de forma diligente empezó su carrera con la investigación de varios casos de corrupción que involucraron a decenas de los pasados funcionarios y sus relacionados.

La presentación de estos sonoros casos y su repercusión en la esfera mediática fue vista como una acción de justicia en contra de la corrupción y una línea de trabajo que respondía a la expectativa de amplios segmentos de la sociedad civil que reclamaban castigo a los que indebidamente se apropiaron de buena parte de los recursos públicos.

Con el tiempo se ha ido retardando el proceso judicial sobre los diversos casos sometidos por el Ministerio Público. El caso anti-pulpo que nuevamente fue aplazado en el conocimiento del juicio preliminar, da lugar a que se piense que la lucha contra la corrup­ción se diluye con el tiempo, frustrando la expectativa de un cambio que hiciera justicia con los defraudadores de los recursos públicos.

Ante esa tendencia frustratoria en la lucha contra la corrupción y la impunidad, las expresiones sociales de la Sociedad Civil deberían nuevamente reactivarse y movilizarse en pos de que los órganos de la Justicia y del Ministerio Público reasuman su responsabilidad de culminar con los procesos abiertos, de modo que cada caso sometido llegue a su final hasta que haya una sentencia definitiva, legítima, creíble y reconocida como vá­lida.

La culminación de los casos anticorrup­ción, cumpliendo con el debido proceso, es un imperativo categórico, si es verdad que se quiere erradicar la práctica de la corrupción en el ejercicio de la función pública.

La transformación del país ha traído progreso y modernidad, pero esa transformación arrastra el malestar de una corrupción que desmoraliza el progreso, al tiempo de debilitar y burlar la institucionalidad democrática.

El fortalecimiento de la democracia dominicana requiere de funcionarios eficaces y con capacidad gerencial, pero también dotado del sentido ético para que moralicen la gestión pública, y por esa vía, podamos llegar a una democracia real basada en el respeto a la Ley y al orden.

¡Qué se activen, pues, los casos de corrupción en la Justicia!

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