Como una medida de último minuto, para acallar el estruendo y las críticas, el Gobierno detuvo sine die la operación que habilitaba el carnet de habitante fronterizo . Según sus partidarios, con la Resolución No.09-2021, simplemente se cumplía con una disposición contenida en la Ley de Migración del 2004; se obedecía, parejamente, a las exigencias de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al interesado juego de las ONG y a los manejos del Ministerio de Relaciones Exteriores .
Se trata de una medida unilateral adoptada por el Estado dominicano que le otorga a los habitantes de los departamentos fronterizos haitianos un privilegio que no tendrán los dominicanos al otro lado de la frontera. Con esa disposición se quebranta el principio de reciprocidad entre los dos Estados. Cabría hacerse una primera pregunta: ¿ Estarían las autoridades haitianas de acuerdo con una disposición similar para que los comerciantes dominicanos radicados en las cinco provincias fronterizas, puedan, a su vez, disponer de un carnet que les permita entrar a las provincias haitianas, cualquier día, en cualquier momento, sin pasar por ningún protocolo migratorio? Tan pronto se implante este documento se considerará como un derecho de los haitianos radicados en las demarcaciones fronterizas, y resultara muy difícil privarlos, si se considera imprudente, de esa ventaja.
Veamos la perspectiva general.
Para los partidarios de la inmigración haitiana , el problema se reduce a la legalidad de la presencia de esta población en el país. Con disposiciones como ésta, que vuelve legal la circulación de los beneficiados, lo que resultaría ilegal sería defender los yacimientos de empleos, preservar los hospitales, los servicios públicos de las marejadas de inmigrantes que huyen en tropel de la catástrofe haitiana. Las autoridades dominicanas quedarían encorsetadas por un documento legal, expedido por el Estado dominicano. El control migratorio quedaría reducido a cenizas, las ONG prohaitianas habrían logrado su principal objetivo: colocar a los dominicanos que defienden a la nación al margen de la ley. A partir de ahora, los que se opongan al desplazamiento de esa presencia extranjera en las demarcaciones fronterizas, tendrían en su contra a los legisladores, a todos los organismos del Ministerio de lo Interior y Policía y al Poder Judicial. El Estado se habría transformado en el sepulturero de su propia existencia.
Se olvida que la inmigración haitiana: la legal, aun minoritaria y la ilegal, mayoritaria, debería ser sometida a controles que no pongan en riesgo la soberanía nacional, la continuidad histórica de nuestra nación.
Las consecuencias de la aplicación cabal de esta medida tendrían una enorme repercusión para nuestro país. La frontera dominicana, una región de uno 10.527 km2 que representa el 21, 6% del territorio nacional, constituye el mayor contraste demográfico de la isla de Santo Domingo. En la cinco provincias fronterizas dominicanas se hallan radicados unos 316.000 habitantes, con una densidad de población que va de 18 a los 94 hab/km2 . Toda esta circunstancia contrasta con el costado haitiano. La aglomeración de Puerto Príncipe, a 50 kilómetros de Jimaní, cabecera de la provincia Independencia, tiene más de 2 millones 700 mil habitantes, si se le agrega el Departamento del Centro, Hincha, Juana Méndez y Cabo Haitiano, segunda ciudad de ese país podría representar una población superior, a los 3,7% millones de personas, con una densidad que rebasa los 400 Hab/km2. Desde el punto de vista geopolítico, los espacios vacíos podrían ser llenados por los espacios sobrepoblados de la frontera haitiana. Esa medida dispararía rápidamente la demanda de servicios en esas demarcaciones: educación, salud, empleos, ayudas sociales, la población haitiana, cuya implantación ya es muy importante, superaría en todas las provincias a la dominicana, estaríamos a un tris de la desnacionalización total de esas demarcaciones. Sin tirar un solo tiro perderíamos las cinco provincias fronterizas.
Esta medida momentáneamente suspendida, nos lleva a la interrogante siguiente: ¿cuál es la función de la Dirección General de Migración? ¿Traspasarle los problemas de una nación arruinada al pueblo dominicano? ¿Fomentar la desnacionalización del empleo, el hundimiento de nuestro sistema sanitario y el descalabro de las escuelas dominicanas? ¿Ponerse al servicio de los inmigrantes ilegales, transformándolos en legales, o bien servir al pueblo dominicano? La vehemencia desplegada por los responsables de esta medida nos revela que la Dirección General de Migración se ha vuelto inmigracionista. Para defender sus propósitos, la DGM ha proclamado que ese carnet no puede ser falseado, que los usuarios se hallarían circunscritos a las provincias fronterizas, que no podrán utilizarlos dos personas a la vez, que estaría reservado a los comerciantes y que les sería suspendido a todos aquellos que permanezcan cada vez más de 24 horas en el país. La experiencia con otras documentaciones entregadas a esa población no permite llegar a esas conclusiones.
Se olvida, por otra parte, que ya tenemos una población incontable en todas las provincias del país, que no necesitamos más trabajadores, hay incluso una enorme población de parturientas, de enfermos, de desempleados, de chiriperos, de mendigos, de menores de edad, que hallarían en esa medida una oportunidad muy superior a los campos de refugiados con los cuales se quiso sumir a nuestro país en una proceso de desnacionalización diplomática, creando franjas de territorio , donde las leyes dominicanas serían borradas ,, por el derecho internacional.
En una isla pequeña y sobrepoblada como la isla de Santo Domingo, cualquier disposición que implique de la reducción de competencias del Estado, debería estar sujeta al principio de reciprocidad. Haití le exige a cualquier persona que pretenda inmigrar a su país: 1) certificado de no delincuencia; 2) certificado de salud; 3) seguro médico; 4) cuenta bancaria de 5000 gourdes,5) documentos de identidad válido, contrato de trabajo y pago de los impuestos, y solicitud hecha al Ministerio de lo Interior de Haití. Si todas esas exigencias resultan válidas para los extranjeros que pretendan ingresar al territorio haitiano, no deberían serles extrañas a los haitianos cuando tratan de penetrar en un territorio extranjero.
